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Estafa procesal: cuándo utilizar documentos falsos ante un juez puede ser delito
Delitos económicos

Estafa procesal: cuándo utilizar documentos falsos ante un juez puede ser delito

Escrito por José Moreno Bernal

Utilizar un procedimiento judicial para obtener una ventaja económica mediante pruebas manipuladas puede constituir estafa procesal. Analizamos sus requisitos, dos sentencias del Supremo de 2025 y las claves de la defensa y de la acusación particular.

La estafa procesal consiste en utilizar pruebas manipuladas u otro fraude procesal semejante para provocar un error judicial y obtener una resolución que perjudique económicamente a otra persona.

Está prevista en el artículo 250.1.7.º del Código Penal. Su aplicación exige identificar una maniobra fraudulenta y su relación con la decisión judicial y el perjuicio patrimonial. Perder una demanda no demuestra, por sí solo, que se haya cometido este delito.

La diferencia resulta esencial: una cosa es someter una controversia a los tribunales y otra utilizar el procedimiento como instrumento de una defraudación.


¿Qué exige el delito de estafa procesal?

El análisis debe concretar qué prueba se manipuló o qué fraude se empleó, cómo podía inducir a error al órgano judicial y qué consecuencia económica se pretendía obtener.

La Sentencia del Tribunal Supremo 257/2025, de 21 de marzo, recuerda que debe existir un engaño dentro del procedimiento capaz de provocar una resolución patrimonialmente perjudicial que no se habría obtenido de otro modo.

No basta con señalar que la contraparte sostuvo una versión incorrecta: debe examinarse la entidad del engaño y su influencia en la actuación judicial.

Desde una perspectiva práctica, una denuncia o una defensa deberían responder a preguntas concretas:

  • ¿Qué documento o actuación contiene el supuesto fraude?
  • ¿Quién lo elaboró, aportó o utilizó con conocimiento de su falsedad?
  • ¿Qué hecho pretendía hacer creer al juzgado?
  • ¿Qué decisión se solicitó sobre esa base?
  • ¿Qué interés económico resultaba afectado?

Este orden permite distinguir una sospecha de una imputación respaldada por hechos.


Un caso real: aparentar una consignación judicial inexistente

La STS 257/2025 examinó la presentación de certificaciones bancarias que aparentaban una transferencia a la cuenta de consignaciones judiciales. El ingreso no se había materializado, pero la documentación dio lugar a una resolución que lo admitía como fianza.

El Supremo rechazó que la posibilidad de descubrir posteriormente el engaño excluyera el delito. También valoró su incidencia en las medidas cautelares patrimoniales y en la acción civil.

Que una falsedad pueda comprobarse después no significa que carezca de eficacia para provocar una decisión judicial perjudicial.


¿Puede existir tentativa aunque no se consiga el resultado económico?

Sí. La ausencia del resultado pretendido no excluye necesariamente la responsabilidad penal.

La Sentencia del Tribunal Supremo 503/2025, de 2 de junio, revisó un supuesto de utilización de un documento de opción de compra cuya firma no pertenecía a la propietaria a la que se atribuía. Los hechos habían dado lugar a una condena por estafa continuada en grado de tentativa.

El documento se había utilizado en actuaciones dirigidas a hacer valer esa supuesta opción sobre un inmueble.

Para estudiar la tentativa resulta necesario reconstruir qué actuaciones llegaron a realizarse y qué impidió alcanzar el resultado. No es equivalente preparar un documento, incorporarlo a unas actuaciones o conseguir una resolución basada en él.


La importancia de la prueba sobre la firma

En la STS 503/2025, el Supremo examinó las objeciones formuladas frente al cotejo de firmas y la valoración de los informes periciales. La controversia exigió analizar los documentos de comparación y el razonamiento que sustentaba la conclusión de falsedad.

En un asunto de estas características, conviene preservar el documento original y estudiar su procedencia, las versiones existentes y los elementos disponibles para comprobar su autenticidad.

Una pericial debe responder a la controversia concreta. Antes de encargarla, interesa delimitar si se discute la firma, una alteración del contenido, la integridad del archivo o la correspondencia entre distintas versiones.

Puedes ampliar esta cuestión en nuestra guía sobre contratos de alquiler falsos y firmas falsificadas.


¿Toda reclamación injustificada constituye estafa procesal?

No. La regulación exige una manipulación probatoria u otro fraude procesal análogo, además de los restantes elementos del delito.

Una reclamación desestimada, una interpretación contractual rechazada o una prueba que no convence al tribunal no acreditan automáticamente esa maniobra.

Por eso, el análisis penal debe precisar qué se falseó y cómo se utilizó para obtener una ventaja patrimonial, en lugar de limitarse a reproducir el desacuerdo del procedimiento anterior.


Defensa penal ante una acusación de estafa procesal

Desde la defensa penal, conviene separar varias cuestiones que pueden aparecer mezcladas en la denuncia.

La primera es la autenticidad del documento. La segunda, la atribución de su elaboración o utilización. La tercera, el conocimiento que tenía la persona investigada. Finalmente, debe examinarse qué papel desempeñó en el procedimiento.

Como propuesta de trabajo, resulta útil revisar:

  • El expediente judicial completo y la secuencia de aportación de los documentos.
  • Los originales y los informes periciales disponibles.
  • Las comunicaciones relacionadas con la obtención del documento.
  • Las alegaciones y peticiones formuladas al presentarlo.
  • La resolución que se considera afectada por el supuesto engaño.

Esta revisión permite identificar qué sostiene realmente la acusación y qué extremos permanecen sin acreditar.


Acusación particular: cómo documentar el posible fraude

Desde la acusación particular, la prioridad es conservar la documentación y explicar su relevancia de forma ordenada.

Resulta recomendable identificar el escrito al que se acompañó la prueba cuestionada, la fecha de presentación, la petición que pretendía respaldar y la decisión judicial relacionada.

Si se discute un pago, interesa contrastar el justificante con la información bancaria disponible. Si se cuestiona una firma, conviene localizar documentos adecuados para su examen y preservar el original.

La preparación de la acción penal debe atender también al procedimiento en el que se produjo el supuesto fraude: qué actuaciones siguen pendientes, qué documentación debe preservarse y qué perjuicio se reclama.


Estafa procesal y denuncia falsa: no son conceptos intercambiables

El elemento distintivo de la estafa procesal aquí analizada es la utilización fraudulenta del procedimiento con una finalidad patrimonial y mediante el mecanismo previsto en el artículo 250.1.7.º.

Por ello, antes de atribuir una denominación penal a los hechos conviene concretar qué conducta se denuncia y qué resultado se perseguía. La expresión «ha mentido en el juzgado» resulta insuficiente para resolver la calificación.

En nuestra publicación sobre denuncia falsa y simulación de delito abordamos esas otras figuras.


¿Qué pena tiene la estafa procesal?

El artículo 250.1 del Código Penal establece para esta modalidad prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Es el marco legal del tipo consumado, sin perjuicio de las reglas aplicables al grado de ejecución, la participación y las circunstancias del caso.


Abogado penalista en Alicante para asuntos de estafa procesal

En Moreno Bernal Abogados Penalistas, despacho especializado exclusivamente en Derecho Penal en Alicante, intervenimos en la defensa penal de personas investigadas y en acusación particular en representación de victimas o perjudicados.

El estudio de estos asuntos requiere relacionar el expediente judicial con la documentación cuestionada y la prueba de su utilización. Esa revisión permite valorar la viabilidad de una acción penal o preparar la defensa frente a una acusación.

Puedes contactar con el despacho para estudiar tu situación.


Por José Moreno Bernal, abogado penalista en Alicante.



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